LEY Nº 6.308   Santiago del Estero

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

 

 

Artículo 1º.- Créase el Juzgado de Familiar el que forma parte del Poder Judicial de la Provincia con las facultades de los Jueces de Primera Instancia Civil.

 

Su organización, competencia y procedimiento se regirá por las disposiciones del Código de Procedimientos Civil y Comercial, salvo las normas que la presente Ley establece que serán de aplicación obligatoria.

 

Artículo 2º.- Son funcionarios de Familia en la administración de Justicia los actuales Defensores de Pobres, Menores, Ausentes, Incapaces y el representante del Ministerio Fiscal Civil.

 

Artículo 3º.- En todo caso de excusación, recusación o impedimento será suplido por los jueces de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en orden de turno.

 

Artículo 4º.- La competencia de este Tribunal será la siguiente:

 

1.        Todas las causas relacionadas con la celebración del Matrimonio y su nulidad.

2.        Las relaciones con las causas de divorcios y las vinculadas a la liquidación de la sociedad conyugal, incluso las previstas en el Art. 1290º del Código Civil.

3.        Las de alimentos, filiación y todas las relacionadas con la guarda del menor no sometido a patronato y sus visitas.

4.        Las de Patria Potestad, adopción de personas y tutelas.

5.        Autorización para disponer y gravar bienes de menores.

6.        Las vinculadas a la violencia familiar, a saber:

 

Nº 1 – 

 

a)      Toda persona que sufriere lesiones o maltratos físicos o psíquicos por parte de algunos de los integrantes del grupo familiar podrá denunciar en forma verbal o escrita pudiendo solicitar medidas conexas. Se entiende por grupo familiar a los efectos de esta Ley a las uniones originadas en el matrimonio o en las de hecho;

b)      Cuando los damnificados fueran menores o incapaces, ancianos o discapacitados, los hechos serán denunciados por sus representantes legales y/o Defensor y el Fiscal.

 

También están obligados a formalizar las denuncias los Servicios Asistenciales, Sociales o Educacionales Públicos o Privados, los Profesionales de la Salud y todo funcionario público en razón de su labor.

Nº 2 –

 

        El Tribunal requerirá, en todos los casos necesarios, un diagnóstico pericial inter-disciplinario sobre la familia para determinar los daños físicos y psíquicos sufridos por la víctima, la situación de peligro y el medio social y ambiental de la familia pudiendo las partes ofrecer otros informes.

 

Artículo 5º.- El Juez podrá adoptar, al tomar conocimiento de los hechos motivo de la denuncia, las siguientes medidas cautelares:

 

a)      Ordenar la exclusión del autor de la vivienda donde habite el grupo familiar.

b)      Prohibir el acceso del autor al domicilio del damnificado, como así también a los lugares de trabajo o estudio.

c)       Ordenar el reintegro al domicilio, a petición de quien ha debido salir del mismo por razones de seguridad personal, excluyendo al autor.

d)      Decretar provisoriamente alimentos, tenencia y derecho de comunicación con los hijos.

 

El Juez establecerá la duración de las medidas dispuestas de acuerdo con los antecedentes de la causa.

 

Artículo 6º.- El Juez, dentro de las 48 horas de adoptada la medida precautoria convocará a las partes y el Ministerio Público a una Audiencia de Mediación, instando a las mismas y a su grupo familiar a asistir a programas educativos y terapéuticos, teniendo en cuenta el informe del Art. 4º Inc. 6.

 

Artículo 7º.- La reglamentación de esta Ley preverá las medidas conducentes a fin de brindar al autor y a su grupo familiar asistencia médica y psicológica gratuita.

 

Artículo 8º.- Cuando el Juez de Instrucción dictare el Auto de Procesamiento contra el autor en el supuesto del Art. 258º del Código de Procedimientos Criminal y Correccional, podrá ordenar la exclusión del mismo de la vivienda donde habite el grupo familiar, entendiendo por este el integrado por el matrimonio o por la unión de hecho. Asimismo, podrá excluir al autor por alguno de los delitos previstos en el Libro II, Títulos I, II, III y VI; y Título V, Capítulo I, del Código Penal.

 

Artículo 9º.- La competencia territorial del Juez de Familia comprende la de su circunscripción judicial. Las Cámaras en lo Civil y Comercial entenderán en grado de apelación en todas las actuaciones que llegaren recurridas o en caso de recusación del Juez; aplicándose a tales efectos las disposiciones pertinentes del Código de Procedimientos Civil y Comercial.

 

Artículo 10º.- En los casos de violencia familiar, el procedimiento deberá cumplirse con habilitación de días y horas, siendo el trámite previsto el sumarísimo del Código de Procedimientos Civil y Comercial.

 

En los demás casos previstos en la presente Ley deberá aplicarse el trámite fijado por el ordenamiento legal precitado.

 

Artículo 11º.- Los Jueces podrán ser recusados por las causas legales previstas en los Arts. 17º y 30º del Código de Procedimientos Civil y Comercial.

 

Los magistrados no son recursables en las diligencias preparatorias y en las medidas cautelares promovidas en los trámites de ejecución de sentencia a no ser por causa nacidas con posterioridad a ella. Los Fiscales o Defensores no podrán ser recusados, pero deberán excusarse cuando tengan algún impedimento para ejercer su ministerio.

 

Artículo 12º.- Son cuerpos técnicos auxiliares que asistirán al Tribunal de Familia: los Asistentes Sociales, Psiquiatras, Psicólogos, Policía Femenina y todo otro organismo y profesionales especializados que funcionen en la Administración Pública y el Poder Judicial y que sean oportunamente asignados para esta función por el Superior Tribunal de Justicia.

 

Artículo 13º.- Rigen en todos los casos las normas del Código de Procedimientos Civil y Comercial, salvo las especiales de la presente Ley.

 

Artículo 14º.- Créase la Comisaría del menor y la Mujer para los casos de violencia familiar debiendo el Poder Ejecutivo determinar su organización, personal y funcionamiento.

 

Artículo 15º.- El Superior Tribunal de Justicia deberá requerir al Poder Ejecutivo la asignación de los organismos técnicos que asistirán al Juez de Familia.

 

Asimismo, deberá establecer la dotación del personal jerárquico y auxiliar que colaborará con el Tribunal.

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

ART. 16º.- Modifícase la Ley Orgánica de Tribunales:

 

a)      Competencia por materia. El Juez Civil y Comercial de Primera Nominación pasa a desempeñarse como Juez de Familia con la jerarquía de Primera Instancia en la primera circunscripción judicial.

b)      Provisoriamente, los Jueces Civiles y Comerciales de las otras circunscripciones judiciales ejercerán su actual competencia con la de la presente Ley.

 

Artículo 17º.- El Poder Ejecutivo, en la reglamentación de la presente, determinará la pertinencia de los organismos necesarios, como el personal técnico esencial para el cumplimiento de los cometidos de ésta.

 

Deberá también preverse el relevamiento estadístico de los casos de violencia familiar en la Provincia para fijar políticas de prevención y toda otra medida que se estime conducente para el funcionamiento de esta norma.

 

Artículo 18º.- Las causas radicadas en el Juzgado Civil y Comercial de Primera Nominación, que a partir de la vigencia de la presente Ley tengan función exclusiva como Juzgado de Familia, serán distribuidas por la Sala de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia entre los Juzgados Civiles y Comerciales, a los efectos de la prosecución de su trámite.

 

Artículo 19º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

SALA DE SESIONES, SANTIAGO DEL ESTERO, 16 DE JULIO DE 1996.  

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Revisado: 28 de Noviembre del 2010 13:06:25

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